La vasta difusión realizada durante el primer cuatrimestre de 2018 por parte de distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pretendiendo hacer creer que con reducir y/o suprimir algunas de las obligaciones económicas de menor cuantía sobre gastos que responden a la prevención de riesgos en los consorcios de propietarios, se lograría una reducción del 20% en el costo de las expensas comunes, ha colocado a muchos entendidos en la materia (propietarios, inquilinos, Administradores, abogados, contadores, etc) ante la cruel duda de desconfiar, con el debido respeto, del actual equilibrio mental y emocional de las autoridades involucradas en el tema.
¿Todos nos preguntamos si se habrán tomado el tiempo necesario para analizar el tema desde la óptica de la comunidad consorcial, o recurrieron en consulta a especialistas en la materia, si tendrán algún conocimiento previo o al menos releído algo sobre aritmética y/o sobre los universales principios básicos de las matemáticas? Parecería que no, al contrario, luce como un acto más de fe en los milagros, o de los recursos mágicos de los cantamañanas.
Resulta tan absurdo escucharlos aseverar que se pueden reducir las expensas comunes en un 20% con solo eliminar las obligaciones sobre “Certificación de edificio seguro”(Disposición DGDyPC 498/18 GCBA f. 6/3/18) y del “Libro de Datos periódicos”(Disposición DGDyPC 513/18 GCBA f. 7/3/18), y con prometer cancelar y/o diferir en parte los abonos de fumigación, limpieza de tanques, y mantenimiento de ascensores; que en conjunto apenas representan no más del 12/15 % de las expensas totales de cualquier edificio, que no se puede menos que sospechar si las autoridades están lisa y llanamente mintiéndole a los consorcistas o están pretendiendo convertir a los Administradores de los consorcios en modernos magos urbanos.
De ser esto último, bueno sería que lo hagan público y comiencen a exigir que los cursos anuales obligatorios de actualización para renovación de la matrícula del Administrador en el RPA –Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la C.A.B.A.- tengan que ser dictados únicamente por profesores que acrediten algún tipo de vínculo con los magos Mandrake, Merlín, FaFá, Cooperfield). ¿O será que las actuales autoridades ya reservaron el negocio con el oficialista “mago sin dientes”?.
Es muy difícil entender que una erogación que representa no más del 15% del total, al ser derogada produzca una rebaja superior, es decir del 20% de ese total, como aseguran las autoridades, salvo que tengan planeado disponer por una ley especial el tener obligatoriamente que creer en un nuevo “milagro”, como aquellos de los brotes verdes; la caída de la inflación a un dígito; la pobreza cero; el crecimiento del segundo semestre; la avalancha de inversiones extranjeras, la lluvia de dólares, etc.
Por otro lado también se pretende hacer creer que la grosería jurídica denominada CP “Consorcio Participativo” y las cuentas corrientes de los consorcios en el Banco Ciudad, serán totalmente gratuitas para los consorcios.
Nunca se podrá saber si quienes justifican la gratuidad de ambos servicios, lo hacen a conciencia o después de desayunarse cada mañana con una copa de Absenta o con un par de tragos de Cocoroco; para no mencionar algún otro tipo de substancias de efectos similares.
En realidad, nada es gratis. El CP será desarrollado y mantenido con el despilfarro de una porción de los abusivos impuestos que nos cobran a los ciudadanos; y seguramente con otro tanto del dinero sucio proveniente de las cuentas bancarias en el exterior de los jerarcas del gremio de los encargados (SUTERH-FATERYH), que con esa nueva inversión, se estarían asegurando participar de la recolección de datos sobre el poder de compra; y de los movimientos económicos y financieros de todos los consorcios de propietarios de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta del ilegal control de la información a manejar sobre la mismísima vida privada de los propietarios e inquilinos que viven y/o trabajan en inmuebles de propiedad horizontal.
No habría otras motivaciones más importantes para las autoridades, para tratar de justificar el avasallamiento tan desfachatado de garantías constitucionales, aliadas a la familia Santamaría que como dirigentes sindicales siguen siendo investigados por la justicia por presuntos delitos de lavado de dinero y otros ilícitos.
Sería saludable que el Banco Ciudad en lugar de involucrarse en el ofrecimiento de falsos servicios bancarios gratuitos para los consorcios, inviertan en la contratación de una mayor cantidad de trabajadores para atender todas las cajas en forma simultáneas, y no que menos del 50 de las ventanillas presten servicios en cada sucursal, castigando a los clientes con 2 o más horas de colas y esperas para poder gestionar un cheque al portador.
En este contexto de nada serviría acrecentar la masa de clientes de dicho banco como pretenden a través de los consorcios, si en este momento son absolutamente incapaces de atender debidamente a la masa total de usuarios que tienen.
La reducción de las expensas comunes ordinarias es posible, pero si desde la esfera oficial se actuará honestamente y no se usarán a los Consorcios de Propietarios, para hacer política o corruptos negocios con los eternos “amigos del poder”.
Fuente: Revista “Reunión de Administradores”, edición 325, mayo de 2018.
JORGE A. HERNÁNDEZ
