Reducción de expensas: no es magia, es mentira

La vasta difusión realizada durante el primer cuatrimestre de 2018 por parte de distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pretendiendo hacer creer que con reducir y/o suprimir algunas de las obligaciones económicas de menor cuantía sobre gastos que responden a la prevención de riesgos en los consorcios de propietarios, se lograría una reducción del 20% en el costo de las expensas comunes, ha colocado a muchos entendidos en la materia (propietarios, inquilinos, Administradores, abogados, contadores, etc) ante la cruel duda de desconfiar, con el debido respeto, del actual equilibrio mental y emocional de las autoridades involucradas en el tema.

¿Todos nos preguntamos si se habrán tomado el tiempo necesario para analizar el tema desde la óptica de la comunidad consorcial, o recurrieron en consulta a especialistas en la materia, si tendrán algún conocimiento previo o al menos releído algo sobre aritmética y/o sobre los universales principios básicos de las matemáticas? Parecería que no, al contrario, luce como un acto más de fe en los milagros, o de los recursos mágicos de los cantamañanas.

Resulta tan absurdo escucharlos aseverar que se pueden reducir las expensas comunes en un 20% con solo eliminar las obligaciones sobre “Certificación de edificio seguro”(Disposición DGDyPC 498/18 GCBA f. 6/3/18) y del “Libro de Datos periódicos”(Disposición DGDyPC 513/18 GCBA f. 7/3/18), y con prometer cancelar y/o diferir en parte los abonos de fumigación, limpieza de tanques, y mantenimiento de ascensores; que en conjunto apenas representan no más del 12/15 % de las expensas totales de cualquier edificio, que no se puede menos que sospechar si las autoridades están lisa y llanamente mintiéndole a los consorcistas o están pretendiendo convertir a los Administradores de los consorcios en modernos magos urbanos.

De ser esto último, bueno sería que lo hagan público y comiencen a exigir que los cursos anuales obligatorios de actualización para renovación de la matrícula del Administrador en el RPA –Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la C.A.B.A.- tengan que ser dictados únicamente por profesores que acrediten algún tipo de vínculo con los magos Mandrake, Merlín, FaFá, Cooperfield). ¿O será que las actuales autoridades ya reservaron el negocio con el oficialista “mago sin dientes”?.

Es muy difícil entender que una erogación que representa no más del 15% del total, al ser derogada produzca una rebaja superior, es decir del 20% de ese total, como aseguran las autoridades, salvo que tengan planeado disponer por una ley especial el tener obligatoriamente que creer en un nuevo “milagro”, como aquellos de los brotes verdes; la caída de la inflación a un dígito; la pobreza cero; el crecimiento del segundo semestre; la avalancha de inversiones extranjeras, la lluvia de dólares, etc.

Por otro lado también se pretende hacer creer que la grosería jurídica denominada CP “Consorcio Participativo” y las cuentas corrientes de los consorcios en el Banco Ciudad, serán totalmente gratuitas para los consorcios.

Nunca se podrá saber si quienes justifican la gratuidad de ambos servicios, lo hacen a conciencia o después de desayunarse cada mañana con una copa de Absenta o con un par de tragos de Cocoroco; para no mencionar algún otro tipo de substancias de efectos similares.

En realidad, nada es gratis. El CP será desarrollado y mantenido con el despilfarro de una porción de los abusivos impuestos que nos cobran a los ciudadanos; y seguramente con otro tanto del dinero sucio proveniente de las cuentas bancarias en el exterior de los jerarcas del gremio de los encargados (SUTERH-FATERYH), que con esa nueva inversión, se estarían asegurando participar de la recolección de datos sobre el poder de compra; y de los movimientos económicos y financieros de todos los consorcios de propietarios de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta del ilegal control de la información a manejar sobre la mismísima vida privada de los propietarios e inquilinos que viven y/o trabajan en inmuebles de propiedad horizontal.

No habría otras motivaciones más importantes para las autoridades, para tratar de justificar el avasallamiento tan desfachatado de garantías constitucionales, aliadas a la familia Santamaría que como dirigentes sindicales siguen siendo investigados por la justicia por presuntos delitos de lavado de dinero y otros ilícitos.

Sería saludable que el Banco Ciudad en lugar de involucrarse en el ofrecimiento de falsos servicios bancarios gratuitos para los consorcios, inviertan en la contratación de una mayor cantidad de trabajadores para atender todas las cajas en forma simultáneas, y no que menos del 50 de las ventanillas presten servicios en cada sucursal, castigando a los clientes con 2 o más horas de colas y esperas para poder gestionar un cheque al portador.

En este contexto de nada serviría acrecentar la masa de clientes de dicho banco como pretenden a través de los consorcios, si en este momento son absolutamente incapaces de atender debidamente a la masa total de usuarios que tienen.

La reducción de las expensas comunes ordinarias es posible, pero si desde la esfera oficial se actuará honestamente y no se usarán a los Consorcios de Propietarios, para hacer política o corruptos negocios con los eternos “amigos del poder”.

Fuente: Revista “Reunión de Administradores”, edición 325, mayo de 2018.

JORGE A. HERNÁNDEZ

El fracaso del Modelo Carrefour y de la política de comercio de alimentos de Argentina

Por CÉSAR AUGUSTO LERENA (*)Carrefour Argentina acaba de presentar un proceso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo aduciendo que la compañía con más de 500 sucursales en el país necesita "encontrar soluciones para garantizar la sustentabilidad de sus operaciones en Argentina". Pretende hacerlo despidiendo 3.000 trabajadores, reducir un 20% los salarios del total de empleados y, a la vez, transformar una docena de hipermercados minoristas en mayoristas.

Carrefour se equivocó de estrategia promoviendo la concentración de las ventas en sus supermercados y le ganaron los mercados de cercanía a quienes combatió con mano férrea. 

Mientras apela a descartar a miles de trabajadores, vemos la propaganda gráfica donde promueve el 2 x 1, la reducción al 50% de la segunda unidad, etc. y observamos las diferencias notables de precios entre la salida de fábrica, de la quinta o del tambo con relación a los precios finales de venta al público.   

No sabemos de dónde salen los supuestos números totales de personal de esta Cadena francesa, pero, desde la implantación de los autoservicios estos ocupan un bajo número de personas en relación al volumen del negocio y su facturación y ello está directamente vinculado al sistema que utilizan los “autoservicios” donde ya no hay “atención al cliente”; los repositores en su mayoría está a cargo de terceros; los clientes hacen las tareas de selección -en muchos casos de porte pesado- de los alimentos; del primer embolsado cuando se trata de hortalizas, frutas, carnes, etc.; el posterior traslado hasta la caja e incluso, en gran parte de los supermercados el empaque final lo hacen los clientes debido que se han eliminado aquellas personas que se ocupaban de esta tarea. A esto se agrega la reducción de cajas habilitadas, prestando no solo un mal servicio, sino reduciendo personal. Cualquier almacén de barrio ocupa -proporcionalmente y con relación a su facturación- más personal que este hipermercado preocupado en la baja de su rentabilidad.

Bajo pretexto de cuidar el medio ambiente -bien hecho- el supermercado no provee en forma gratuita las bolsas de polietileno secundarias, ahora -para su beneficio- las cobra.  

Percibieron su error de concepción y desarrollan estrategias de expansión multiplicando locales o bocas de expendio y, a través del emplazamiento de cientos de pequeños comercios de cercanía evitan la plena aplicación de la legislación que obliga a las grandes superficies a radicarse fuera de los ámbitos céntricos en las ciudades y pueblos. La limitación que se les impuso de instalar las grandes superficies fuera del ámbito urbano no fue antojadiza, estuvo destinada a proteger a los pequeños almacenes y autoservicios, las panaderías, carnicerías, pescaderías, pastelerías, verdulerías, fruterías, rotiserías y otros pequeños comercios -electrónicos, ópticas, perfumerías, tiendas, etc.-  pero esa restricción fue fácilmente violada con la habilitación de locales de cercanía que, abastecidos en forma diaria y a cargo de un mínimo personal polifacético, le sirve de bocas de expendio a los hipermercados, destruyendo miles de PYMES que atendían los barrios, generando desocupación de miles de monotributistas y desamparo de sus familias. Muchos de ellos hoy subsisten con planes del gobierno mientras nos preocupamos por el déficit público. Dónde están las autoridades locales que permitieron esas habilitaciones que no son otra cosa que satélites de los hipermercados.       

En su fracaso ahora van por los empleados propios. Los importantísimos avisos de publicidad (muchas veces solventados por los proveedores) promueven la venta a un supuesto bajo precio y con diversas ofertas, provocan una compra reactiva en perjuicio de la calidad. Con mecanismos de venta como la “oferta del día” o la “oferta de la hora”, únicamente posible en los grandes establecimientos que cuentan con un gran apoyo publicitario, contrario a lo que ocurre en almacenes y pequeños comercios independientes que carecen de capacidad económica y de recursos publicitarios para competir. 

En su política de fidelización, financian y promueven la compra con tarjetas propias, pero, “zapatero a tus zapatos”, olvidaron la “auténtica cercanía” que es la fortaleza de los pequeños comercios de barrio: “la atención y familiaridad con el cliente”. Ahora buscan ser sustentables despidiendo personal y transformándose en mayoristas. 

Carrefour siempre ha sido considerado por los gobiernos de turno. El gobierno anterior, de la mano del inefable secretario de Comercio Guillermo Moreno protegió el conjunto del negocio con la aplicación de los “precios cuidados” a un reducido número de productos, admitiendo aumentos en otros miles o la reducción de gramajes para garantizar la rentabilidad. Y este gobierno no tiene ninguna política en materia de comercialización de alimentos, la que consideramos fundamental para reducir la inflación, la indigencia y la pobreza. Ello es ciertamente preocupante porque los altos aumentos en los alimentos impactan directamente en la Canasta Básica Alimentaria y Total, afectando en especial a indigentes y pobres, donde el gasto de consumo de los hogares por finalidad está liderado por alimentos y bebidas donde los porcentuales ascienden al 80% del total de sus ingresos. Aunque el parámetro que se utiliza para medir el porcentual de personas vulnerables no sea el más adecuado, si el gobierno no tiene una política respecto a la comercialización alimentaria, generará más provincias pobres, más productores pobres, más industriales pobres, más consumidores pobres y más hipermercados protegidos.

Este elefante que promueve sus ventas bajo el lema “al precio más bajo”, ahora anuncia que echará 3.000 empleados para asegurar su sustentabilidad. La sustentabilidad no sólo debe ser económica, sino también laboral y ambiental, de lo contrario no existe tal sustentabilidad. Es decir, todos los argentinos le compran a este hipermercado para que este mercado y su central francesa se enriquezca mientras exigen bonificaciones de todo tipo a los pequeños productores, proveedores e industriales, quiebran a cientos de pequeños comercios y quitan a los industriales la venta de pan, el despostado, fileteado, fraccionamiento, trozado, feteado, la elaboración de comidas preparadas, etc. Ahora son sus empleados los que aguantan sus “precios corajudos”. Esto es, una inversión de sin riesgo que busca el consentimiento del Ministerio de Trabajo y del Sindicato para avanzar aún más en la depredación.

Según la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), “el mayor volumen de ventas de los supermercados se da en la comercialización de los productos alimenticios y bebidas” y, es así, y, no es la baja del consumo, ni de la facturación que, inflación mediante, siempre es creciente, sino en el fracaso más elocuente de la política comercial del más importante hipermercado de Europa y la Argentina.  

Mientras los supermercados chinos han comenzado a penetrar fuertemente, mejorando su calidad y compitiendo en precio, Carrefour se olvidó de los productos ecológicos, cuya demanda es creciente, en una nueva muestra de su incapacidad para adaptarse a los cambios que requiere un mundo moderno y ambientalmente sostenible. Del mismo modo la venta de productos de la región, cuya responsabilidad social, le debiera obligar a promover y desarrollar. Pero lo que es peor, se olvidó su lema de la pirámide invertida donde el consumidor está arriba y de los precios más bajos, de tanta oferta, donde el cliente no sabe si está comprando caro o barato o la razón por la que es posible comprar 2 x 1 en lugar de comprar uno al precio más bajo.     

Pusieron “el cuco” de la desocupación para asustar a los funcionarios públicos. Seguramente a estos y al Sindicato de Comercio no se les pasará por alto que el sector supermercadista ocupa solo un 8% del total de empleados mercantiles. Si se recuperasen las PYMES industriales y comerciales, ese porcentual sería mucho mayor y menos concentrado en unas pocas empresas, en su mayoría extranjeras, que teniendo un 15% de las bocas totales del país venden el 58% del total alimentos y bebidas de la Argentina. 

Después de destruir almacenes, tiendas y ferreterías etc., debilitar a los mayoristas, llevar a la quiebra a cientos de pequeñas industrias y expoliar los salarios de los empleados de las pequeñas provincias -extrayendo las utilidades y comprando a proveedores fuera de ellas- se apresta a profundizar su pelea por los mercados de cercanía: los pequeños supermercaditos de barrios, los supermercados chinos y los atendidos por familias. Reconvertirse, despidiendo personal.           

Profundizarán su voracidad sobre los mercados de cercanía y, van también, por el negocio de los mayoristas, de modo, no solo de quedarse con esta fracción del negocio, sino para ahogar a los pequeños comerciantes (chinos y familiares) que dependen de estos. 

¿Y el Estado?, se hará cargo de los descartados y sus familias. Un estado socialista, con empresarios capitalistas sin riesgo.

(*) César Augusto Lerena es el Presidente de Assistance Food Argentina S.A. y el Director de Assistance Food America, Inc. También es un agente para más de 100 empresas argentinas, uruguayas y chilenas que exportan alimentos a Estados Unidos, ante la Food and Drug Administration (FDA) por aplicación de la Ley de Bioterrorismo. Sus actividades públicas incluyen:

Ex-Secretario de Estado, Asesor de la Presidencia de la Nación (1989-1991)

Ex-Secretario de Bienestar Social de Corrientes (1971-1973)

Ex-Funcionario de SENASA (1976-1987)

Ex Asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación (2007)

Además, Dr. Lerena ha publicado 18 libros, 1.385 publicaciones técnicas, 627 Trabajos de asesoría profesional y 300 proyectos industriales y productivos. Sus trabajos publicados incluyen:

Ley Nacional de Pesca (Anteproyecto de Ley Nacional) (1988)

Bromatología de los Productos de la Pesca. Organización racional de los servicios de control de calidad y sanidad (1988)

La Industria Pesquera Argentina, reafirmación o decadencia (1989)

Las Normas de control sanitario de los productos pesqueros en la República Argentina concordadas con la Directiva del Consejo Nº 91/493/CEE de la Unión Europea (1992)

Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca, la moneda de cambio (2009)

Hacia una soberanía plena en el Atlántico Sur (2010)

PROPIEDAD HORIZONTAL: ¿Quién elige al encargado?

Es difícil que los hechos se produzcan por generación espontánea. Siempre hay responsables, pero es difícil que alguien reconozca que tuvo participación en tal o cual decisión. Un caso emblemático es el conocido “yo no lo voté”, cuya traducción básica significa “yo no fui”.

Porque alguien decidió comprar un departamento en ese edificio, elegir a ese administrador, modificar el hall de entrada o postergar un arreglo en una unidad funcional que con seguridad acarreará un seguro juicio contra el consorcio. Y también, alguien, para bien o para mal, habrá elegido al encargado.

Decir “quién fue” es el pasado. Es el tiempo en que nos encanta vivir para no solucionar los problemas del presente y atrasar en el futuro. El presente es el nuevo Código Civil sancionado hace tres años que dice que la asamblea de propietarios es la responsable de elegir, mantener o despedir al encargado.

Bien, ¿y cómo ha sido elegido el personal hasta el momento? Todos lo sabemos: un amigo necesitado de vivienda, un conocido de un conocido que hace changas por horas, etc. Era, hasta hoy, un problema de confianza. ¿En quién? ¿En el elegido o en su elector?

La complejidad de vida actual ha trastocado la tranquilidad provinciana en la que se desenvolvían las relaciones del sistema de Propiedad Horizontal. Como descreo de que el solo calentar bancos en colegios secundarios sea un método de capacitación, puedo decir que existen consorcistas que no se encuentran mínimamente educados para vivir en un consorcio y que numerosos empleados adolecen de condiciones para estar a cargo de un edificio. ¿Cómo podríamos solucionar esto último de ahora en más?

Por la seguridad de todos, cada postulante debería presentar:

1) Certificado de Antecedentes Penales (CAP), un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia que certifica que no tiene antecedentes o procesos penales pendientes;

2) Certificado de Aptitud Psicológica que señala la habilidad, la personalidad y el comportamiento de las personas en las tareas para las cuales ha sido designado. Es habitual que de manera periódica la evaluación y certificación deba repetirse;

3) Certificado del Registro de Juicios Universales, dependiente del Archivo General de Poder Judicial de la Nación, para saber si el futuro empleado tiene juicios o embargos pendientes que, en caso de ser afirmativos, harán que el administrador deba ocupar parte del tiempo que destina al consorcio en responder intimaciones, realizar descuentos, efectuar pagos judiciales en el banco habilitado, etc.

4) Certificado de Curso de Limpieza e Higiene. Limpiar no es una ciencia, pero tampoco un juego. El empleado debe conocer las técnicas básicas de su trabajo, el procedimiento de la limpieza con maquinaria, la limpieza de suelos, paredes y techos, el uso de maquinarias, y la prevención de riesgos en tareas de limpieza.

Con seguridad se me dirá que es imposible exigir tantos requisitos a un empleado cuya misión principal es limpiar. Agrego: recibir y distribuir la correspondencia, atender proveedores, carteros y toda clase de personas que además de los consorcistas desean entrar por cualquier motivo al edificio, vigilar el estado de las partes comunes, avisar al administrador, policía o bomberos de cualquier anormalidad. ¿Sigo?

¿Nunca pensó en que Usted tiene lo que se merece? Bueno, el encargado forma parte del combo. Recuerde que las separaciones además de dolorosas suelen ser caras.

Esta nota apareció en el número de marzo de 2018 de la revista REUNIÓN DE ADMINISTRADORES (http://www.reunion-adm.com)

JUAN ÁNGEL SALINAS BOHIL

Soberanía nacional: Atlántico Sur y pesca

Por CÉSAR LERENA

La actividad pesquera no puede estar en manos de vendedores de pescados o de burócratas del Estado. La pesca es una actividad geoestratégica de la nación, fundadora de pueblos, radicadora de industrias, generadora de empleos y custodia del territorio marítimo en el extenso atlántico sur argentino. El reciente saliente ex subsecretario de Pesca Tomás Gerpe era “un buen muchacho”. Dejó todo como estaba. Siguió haciendo las cosas peor que hace 50 años, incrementando la concentración del negocio y bajando el valor agregado; dándole continuidad a la inefable política de Moreno donde el importador debía exportar, a punto tal, de dar lugar en la actividad en 2014 a una empresa del rubro de la electrónica y los electrodomésticos, absolutamente ajena a la pesca que, a solo tres años, lidera las exportaciones pesqueras. Algo huele mal en Dinamarca. ¿Más valor agregado, más ocupación, mayor explotación racional del recurso? No, los pocos peces grandes se siguen comiendo a los chicos.

Designado subsecretario, su segundo, Juan Bosch, quien hasta el momento era el brazo ejecutor de la desindustrialización pesquera y la profundización de su langostino-dependencia, este funcionario muestra números que engañan a los funcionarios y lectores desprevenidos: 2017 fue récord de las exportaciones con 1.978 millones de dólares, un 16,2% mayor que en el 2016, como producto de la comercialización de commodities de calamar (un 13% del monto total exportado), de langostinos (un 62% del monto total) y la decreciente exportación del resto de las especies que se quedaron con el 25%, cuando hace 20 años representaban el 62% de las exportaciones del país. Solo en la exportación de merluza entre 1997 y el 2017 se perdieron unos 100 millones de dólares anuales, a pesar de las bajas de precios internacionales de 1997. Todo ello, con la consecuente pérdida de valor agregado y la creciente desocupación de trabajadores en las plantas industriales.

Además, nadie habla de lo que los científicos especializados han reiterado hasta el cansancio: las predicciones sobre la captura del langostino son impredecibles y una reducción drástica en sus capturas, como las de la década del 2000 donde se extrajeron un promedio anual del 23% de la captura actual, provocaría una crisis sin precedentes en el sector, ya que la pesca, en la última década, ha mutado de la captura y procesamiento en tierra de la merluza a la extracción del langostino. La pesca es un recurso del Estado concesionado a terceros y el gobierno de turno debiera administrarlo adecuadamente, porque no se trata de bienes propios de un reducido número de empresarios sino de un recurso de todos los argentinos que debe explotarse racionalmente, con sustentabilidad económica, pero también social y biológica. Pero este tema es aún más grave que lo ya descripto en estas líneas, como para dejarla en manos de meros burócratas. 

¿Son estos señores, incapaces de administrar adecuadamente un recurso biológico, capaces de prestar el debido asesoramiento al Ejecutivo sobre la utilización de esta fenomenal herramienta geopolítica y de soberanía alimentaria? Por cierto, que no. Dos millones de toneladas anuales de recursos pesqueros son explotados en el Atlántico Sur. Un millón doscientos mil por parte de embarcaciones extranjeras clandestinas, incluyendo las que operan con licencia inglesa. Doscientos mil toneladas anuales se descartan en el mar con las que se podrían alimentar dos millones anuales de personas vulnerables, con proteínas de la mejor calidad. ¿Qué hace el gobierno y los funcionarios de la subsecretaría al respecto? La Argentina tiene un territorio marítimo de 4.779.000 Km2 contados desde las líneas de base del territorio continental hasta las 200 millas y más allá de estas de 1.782.000 Km2 de plataforma continental. Aunque de ese territorio una parte importante se encuentra invadido por el Reino Unido, como consecuencia de la ocupación de facto de las 200 millas alrededor de Malvinas y el consecuente reclamo de derechos sobre la plataforma. ¿Quién elabora el plan estratégico de la nación en el Atlántico Sur que pretende ceder los recursos pesqueros y facilitar los traslados aéreos de los malvinenses y circunscribir la cuestión a los 11.410 Km2 de Malvinas?

Esta política la inició la dupla Menem-Cavallo con los falsamente denominados “Acuerdos de Madrid” -aunque las tratativas previas fueran obra de Caputo- diseñados a la medida del Reino Unido, y aun así éste los ha violentado en forma sostenida, ampliando su ocupación marítima y explotando los recursos naturales argentinos, desacatando todas las normas y desatendiendo la conocida resolución de las Naciones Unidas 2065/65; pero en especial en materia de apropiación de los recursos naturales de la N.º 31/49 que “Insta a las partes a abstenerse de ejecutar medidas unilaterales en el área en disputa” y las Nro. 3171/73; 3175/73 Y 3336/74 que “Afirman el derecho de los Estados cuyos territorios están bajo ocupación extranjera a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales; declarando que, la explotación de los recursos naturales en esos territorios, son ilegales e, instando a poner fin inmediato; a restituir los recursos naturales y a la plena indemnización por la explotación y daños causados…”.

Si el gobierno argentino no resguarda su soberanía con lo dispuesto en estas Resoluciones de las Naciones Unidas y cede sus recursos pesqueros es poco -nada- lo que podemos esperar respecto a la restitución de nuestro territorio. Ya en este gobierno, la Cancillería a cargo de Malcorra (2016) efectuó la declaración conjunta entre las cancillerías argentina y británica que, respecto a esta materia, indicaba: “…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, manteniendo la “fórmula del paraguas” de los llamados Acuerdos de Madrid.

Quedamos verdaderamente azorados: ni las “relaciones carnales” de Di Tella, se habían atrevido a remover todos los obstáculos para asegurar el desarrollo sustentable de Malvinas y de los británicos ocupantes de las Islas: una verdadera “rendición incondicional”. La posibilidad de vuelos a terceros países desde y hacia Islas, y la carga de insumos y recambio de tripulaciones para los más de 500 buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur, transformarían a Malvinas en el centro logístico pesquero más importante del Cono Sur, lo que junto a los anuncios de la construcción de una zona franca en Uruguay por parte de China, no solo llevaría a la quiebra de la actividad pesquera argentina, sino acrecentaría aún más la ocupación extranjera del Atlántico Sudoccidental; y por cierto, consolidaría la posición británica en Malvinas.

Refieren muchos expertos que un potencial acuerdo relativo al Petróleo sería consolidar definitivamente la posición inglesa en Malvinas. Y ello es absolutamente así; pero la explotación de los recursos pesqueros en el mar argentino es lo que les ha permitido a los ocupantes de Malvinas sobrevivir durante estos últimos 36 años, como el propio Director Británico de Recursos Pesqueros en Malvinas John Barton manifestara el 14 de marzo de 2012: Sin las Licencias de Pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas. La Argentina ha dicho al sancionar la Ley 24.543 “…teniendo presente el interés prioritario de conservar sus recursos de la Z.E.E. y el área adyacente…el gobierno está facultado para adoptar todas las medidas necesarias…el gobierno argentino manifiesta que no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado…el gobierno considera de mayor importancia…”. Debiera entonces obrar en consecuencia y no acordar la explotación de sus recursos ni facilitar su extracción o logística. 

El desaparecido dibujante Caloi, comprometido con la causa Malvinas, en ocasión del Acuerdo de Madrid (1989/90) nos ilustró claramente la política que llevó adelante el gobierno de Menem, continuó el de los Kirchner y profundiza este gobierno. El camino no es facilitar el crecimiento y desarrollo actual de las Islas, es denunciar los Acuerdos de Madrid y comenzar a formular una Política de Estado con el concurso de embajadores especializados, ministros, legisladores y expertos en materia de Defensa, recursos, navegación, etc. y la aprobación pertinente del Congreso de la Nación. Desde la Pesca hay disponible un conjunto de herramientas que pueden ayudar a revertir el statu quo de Malvinas; muchas de las cuales no podemos ventilar por razones obvias; pero sí podemos mencionar el proyecto S-2548/16 de Ley Nacional de Pesca Marítima presentado por los Senadores Solanas; Pichetto; Rodriguez Saá; Abal Medina; Durango; Linares; Martínez; Odarda y Pereyra que demuestra la voluntad de distintos partidos políticos, no solo de avanzar sobre cuestiones de administración y desarrollo pesquero, sino de proveer las herramientas necesarias para ocupar el Atlántico Sur y tener bajo control los territorios marítimos e insulares nacionales. 

Malvinas no son solo una parte de nuestro territorio son un símbolo nacional que nos une y nos obliga como nación soberana.

(*) César Lerena
Escritor. Consultor. Doctor en Ciencias. Presidente de la Fundación Agustina Lerena, entidad sin fines de lucro sobre Ciencias Naturales y Sociales. Asesor en el Honorable Senado de la Nación Argentina del Senador Fernando Pino Solanas. Ex Secretario de Estado, asesor de la Presidencia de la Nación Argentina. Ex Profesor Adjunto y Titular de las Universidades del Nordeste y Fasta Mar del Plata.

Aborto: discusión e impedimentos legales

Por JUAN ÁNGEL SALINAS BOHIL

Sin entrar a tomar partido por quienes están a favor, en contra o se abstienen de opinar acerca del legalizar el aborto, no deja de sorprender que el presidente Macri haya lanzado la iniciativa de tratar el tema en el Congreso y que circulen encuestas que muestran un mayoritario apoyo de la población a la medida. También que dentro del oficialismo haya quienes hacen circular toda clase de propuestas como la posibilidad de una convocatoria para la realización de un plebiscito no vinculante.

Hemos sido sorprendidos por la idea presidencial, pero mucho más por la falta de información a la población de ciertos aspectos legales que creemos, harían imposible la legalización del aborto. 

Entendemos que en el derecho argentino sería imposible autorizarlo porque existen trabas del tipo constitucional que así lo determinan. Por ejemplo, durante la presidencia de Raúl Alfonsín se sancionó la ley nacional 23.054 que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que en su artículo 4.1 dice: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Más adelante, en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 23.849, que aprobó la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional de las Naciones Unidas de 1989. Ésta, en su artículo 2°, dice textualmente: Con relación al artículo 1º de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, la REPUBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Y el artículo 6° de la Convención señala: Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. 

Además, en la reforma constitucional de 1994, se incorporaron a la Constitución Nacional varios convenios internacionales, entre ellos la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y la “Convención sobre Derechos del Niño”.

Igualmente, el artículo 75°, inciso 22, incorporado a la Constitución Nacional dice, refiriéndose a los convenios internacionales incluidos en su texto: …Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, y … en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Y el inciso 23° de dicho artículo expresa: Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

“¿Qué hacemos con Walter?”: ¿ficción o realidad?*

Una obra de teatro que nos hace reflexionar sobre si “cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia” o es una verdadera copia de la problemática consorcial.

Por JUAN ÁNGEL SALINAS BOHIL
El título de la nota nos remite a una obra actualmente en cartel en la avenida Corrientes que trata en parte los innumerables problemas que se dan en un consorcio.

La dirección se encuentra a cargo de Juan José Campanella que es además coautor del libro y se destacan las actuaciones de Campi y Karina K, mientas que a Miguel Ángel Rodríguez se lo ve amordazado en cuanto a sus conocidos atributos histriónicos.

Con unos gags muy bien situados, pero algo extensa y con un declive pronunciado del guión en la segunda parte, la obra plantea la preparación de una asamblea de propietarios en la que se decidirá la suerte laboral del encargado.

Ficción, pero no tanto, “¿Qué hacemos con Walter?” tiene mucho de realidad.

Digámoslo sin tapujos duela a quien le duela: el encargado si no es un vago acumula millas para parecerlo; el presidente del consorcio es un vivo del año cero que debe cuatro meses de expensas, una propietaria hace las veces de oficial de la Checa queriendo imponerse a los demás a toda costa, un estudiante de abogacía progre y un administrador al que todos los presentes (y ausentes) lo tienen cansado.

Eso sí, el edificio se derrumba, pero los propietarios no tienen intención de poner dinero para efectuar los arreglos.

Como líneas internas de un partido político, se pactan o anulan acuerdos y de acuerdo con el guion de la ficción, algunos propietarios quieren desprenderse del encargado mientras otros lo protegen.

De más está decir que entre los últimos se encuentra el deudor de expensas.

En la discusión por el sí o por el no del despido salen a relucir diversas “ayuditas” que brinda el encargado a ciertos propietarios como entregar los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito a uno de los integrantes del matrimonio para que el otro no se entere de algunos gastos del tipo non sancto.

De ahí la defensa por momentos apasionada que hacen de él.

La mitad le debe favores: la otra mitad, no.

La llegada del administrador pone las cosas en su lugar porque informa que Walter (el encargado) está en edad de jubilarse.

Pero en la vida real todo propietario interesado sabe exactamente la fecha de vencimiento del trabajador y hace cuentas si conviene contratar nuevo personal con cama adentro, sin vivienda, alquilarla o disponer su uso como baulera o SUM.

Lo cierto es que mucho antes de la llegada de la edad jubilatoria, cada encargado ha comprado casa, automóvil y vive mucho mejor que muchos propietarios e inquilinos.

Su buen pasar estuvo siempre asegurado.

Y como muerto el perro se acabó la rabia, el administrador pasa a ser la nueva víctima de los que antes atacaban a Walter.

En un momento éste dice algo así como “Tengo 32 consorcios…”.

Si eso fuera cierto sería imposible que puedan ser bien atendidos. Por lo general, semejante cantidad es una excepción, pero son atendidos por una media docena de colaboradores delegados.

En los consorcios todos están contra todos pero se necesitan. El administrador necesita a los encargados para que le informen con exactitud cuál es el volumen en que transmite radio pasillo y quiénes los díscolos que buscan su remoción; los propietarios de los encargados para que a precios módicos les hagan trabajos de electricidad, pintura, plomería y lo que venga en cualquier horario; también los propietarios de los administradores para ver la posibilidad de que puedan retardar algunos pagos.

Cada consorcio es un mundo donde todos sus integrantes se pelean como gatos en los tejados. O como Tom y Jerry. Se necesitan. Y ninguno es santo.

* Nota aparecida por primera vez en la revista REUNIÓN DE ADMINISTRADORES (http://www.reunion-adm.com), N° 322, febrero de 2018.

Corea: Deshielo en los Juegos Olímpicos de 2018

Por MIGUEL VERNER* “Los Juegos Olímpicos nos muestran cómo sería el mundo si todos estuviéramos guiados por el espíritu olímpico de respeto y comprensión: ese es el mensaje olímpico que Pyeongchang ⁽¹⁾ está a punto de transmitir al mundo”, señaló Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno, a desarrollarse en Corea del Sur del 9 al 25 de febrero próximo.

La “Declaración Olímpica sobre la península de Corea”, acordada el 20 de enero en Lausana (Suiza), otorgará acreditaciones al Comité Olímpico Nacional de la República Popular Democrática de Corea para 22 atletas en tres deportes y cinco disciplinas quienes desfilarán bajo una bandera unificada junto con la delegación de la República de Corea. ¿Signo del deshielo de relaciones de la península que se tensaron al extremo durante 2017 o mera estrategia política? ¿Preanuncio de un paso hacia la reunificación de un pueblo dividido en el Paralelo 38 bajo las visiones contrapuestas que encabezaron EEUU y la URSS durante la “Guerra fría” o nuevo fiasco? ¿Paz armada? Cabe hacer un parangón.

Corea del Sur fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en Seúl 1988, en un contexto marcado precisamente por la “Guerra fría”. Sin embargo, fueron los primeros JJOO desde Múnich 1972 que no sufrió un boicot político masivo. Si bien la negativa de Corea del Norte arrastró tras de sí a casi media docena de naciones, el encuentro deportivo asiático logró record de países participantes hasta entonces, un total de 159, con la presencia de sendos bloques: estadounidense y soviético. Dos hitos se desencadenaron en años sucesivos tras la competencia en la que el pueblo germano participó por última vez con dos delegaciones acorde a su división política. Por un lado, cayó el Muro de Berlín, frontera que dividió a la República Federal de Alemania (RFA) de la República Democrática Alemana (RDA) desde 1961 a 1989. El símbolo, enclavado en el corazón de Europa, más tangible de la lucha ideológica-militar que marcó una época. Por otro lado, se disolvió la URSS, con la independencia de las 15 Repúblicas de la Unión Soviética, entre 1990 y 1991. Lo cierto es que, después de 30 años, Corea del Sur vuelve a recibir los JJOO, esta vez los de invierno en Pyeongchang, que fuera elegida sede el 6 de julio de 2011, en su tercera postulación consecutiva, luego de Vancouver 2010 y Sochi 2014, al imponerse por 63 votos a 25 de la candidatura de Múnich (Alemania).

Siguiendo con el paralelismo trazado con Seúl 1988, ¿será esta la antesala de la caída del último vestigio de la “guerra fría”: el Paralelo 38, una franja de 238 Km que dividió a la República Democrática Popular de Corea de la República de Corea a instancias de las fuerzas de ocupación de la URSS y EEUU después de la Segunda Guerra Mundial? A simple vista parece “imposible”, entre un régimen dominado por la ideología “Juche”, que pregona un comunismo autosuficiente con veneración a su líder, y una administración protegida por la geopolítica estadounidense, con un capitalismo tecnológico pujante en una sociedad con valores tradicionales en declive.

La participación de Corea del Norte en Pyeongchang 2018 es al menos un buen signo después de la alta tensión vivida en la península. La que fuera encabezada por los duros cruces verbales y amenazas crecientes entre Donald Trump y Kim Jong-un luego de los proyectiles de gran potencia lanzados por el régimen norcoreano. Sin embargo, los decibeles sólo parecen haber bajado después que éste se declarara Estado nuclear de pleno derecho después de probar el misil balístico intercontinental Hwasong-15, capaz de alcanzar territorio estadounidense, según la Agencia KCNA. ¿Esperanza unificada?

Lo concreto es que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el 20 de enero la solicitud de los Comité Olímpicos de la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea para que sus delegaciones desfilen juntas como una sola con el nombre "Corea" en la Ceremonia de Apertura. La delegación será conducida al Estadio Olímpico por la Bandera de Unificación Coreana, llevada por dos atletas, uno de cada Comité Olímpico Nacional. Como abanderados habrá una atleta femenina y un atleta masculino. La delegación vestirá un uniforme especial con la Bandera de Unificación Coreana. El acrónimo del equipo será "COR", según expresa la Declaración firmada. De acuerdo a este documento, los atletas de Corea del Norte y Corea del Sur se unirán para competir en el deporte por primera vez en la historia de los juegos olímpicos. En Sídney 2000 y Atenas 2004 desfilaron juntos en las ceremonias de apertura bajo una sola bandera, pero jugaron por separado por cuestiones ideológicas.

Específicamente, en Pyeongchang 2018 un equipo de hockey femenino unificado competirá como “Corea” bajo la bandera de la unificación: una insignia que contiene el mapa de la península coreana pintado de celeste en el centro contrastado con un espacio rectangular blanco. Cabe recordar que en 1980 y 1984, rusos y yanquis, paradigmas de una confrontación histórica, se boicotearon mutuamente. Más de 60 países del bloque de EEUU se negaron participar de los JJOO Moscú 1980 por la invasión de Afganistán. En tanto, la URSS y 14 de sus aliados del bloque del Este se negaron asistir a los JJOO Los Ángeles 1984, con el argumento que no podían garantizar la seguridad de sus atletas. Los XXIV JJOO de Verano Seúl 1988 marcaron un hito en el deshielo de la “guerra fría”.

Los XXV JJOO de Invierno Pyeongchang 2018 abren una nueva expectativa en la península. En principio dio origen a una nueva instancia de diálogo. Una señal que podría ser el cierre de un largo ciclo de enfrentamientos que dividieron el mundo. El fin de una guerra indefinida. En un contexto más amplio, este definitivo deshielo podría hacer emerger con más claridad la anunciada “era del Pacífico” tras cinco siglos de predominio de las potencias occidentales asentadas en el Atlántico.

Es comprensible el entusiasmo de Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, mediador del acuerdo firmado el 20 de enero en Lausana (Suiza) entre las delegaciones olímpicas de Corea del Norte y Corea del Sur. El presidente Bach fue oro en esgrima en los JJOO Montreal 1976 representando entonces a Alemania Occidental, luego finalmente unificada y campeón mundial en Buenos Aires un año más tarde y padeció los efectos de un muro histórico, división que al parecer conviene a los juegos de las grandes potencias de la geopolítica y sus negocios, por aquello del “divide y reinarás”, y siempre sufren los ciudadanos, por la separación de sus familias, y sus pueblos, frustrando una y otra vez su desarrollo sustentable y futuro.

* Miguel Werner es secretario general del capítulo local de la Federación para la Paz Universal (UPF).

(1) Ciudad de Corea del Sur en donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Invierno entre el 9 y el 25 de febrero de 2018

PROPIEDAD HORIZONTAL: Compre una mascota y regístrela en la AFIP

Por JUAN ÁNGEL SALINAS BOHIL
En los tiempos que corren al periodista se le dice “comunicador social”; la maestra es una “trabajadora de la educación”; el peón de campo es un “trabajador rural”; un portero de edificio es “encargado” y un perro es una “mascota”.

Chiquita, Bambi, Negro, Lobo, Viruta, Pucho, Boby y tantos otros fueron mis compañeros de infancia y adolescencia. Y Otelo, mi querido Otelo, mi compañero, mi amigo y confidente que aún hoy lloro a escondidas, vino para acompañarme en la adultez. Otros conocerán de gatos. Yo, de perros creo saber bastante.

Mascotas eran los sea monkeys que se vendieron en la época de Martínez de Hoz o la tortuga Spike que se le extravió al embajador estadounidense James Cheek.

Antes los perros eran rescatados del abandono. Ahora se los compra alimentando un negocio fabuloso en base a hembras que alumbran sin cesar hasta quedar inutilizadas. Los “productos” salidos de esas “fábricas” son estéticamente lindos, mascoteramente enfermos y de poca vida.

Cada departamento tiene su “mascota” al que en líneas generales sacan a hacer pipí dos veces al día como si en las “fábricas” pudiesen haber sido programados como robots para ese menester.

Comprar una mascota es moda, tendencia. Se la puede tener en un departamento: en una pecera o en una caja de zapatos comiendo lechuga o se los puede abandonar 14 horas por día porque el dueño o dueña trabaja o por un fin de semana largo. Eso sí, el dueño no se cansará de repetir “es como de la familia”.  Y si realmente “es” de la familia uno debe preguntarse por qué no lo carga en el auto y se lo lleva evitando así que taladre los oídos de los demás consorcistas entre los cuales se encuentran por lo general personas de edad avanzada, enfermos o simplemente aquellos que han elegido esos días para descansar.

Existen más recomendaciones para cuidar mascotas que a las personas.
Algo anda torcido si los Reglamentos de Propiedad no son respetados, si no importan los ruidos molestos y los jueces determinan que hay “ladridos soportables”, si se los hace correr sin descanso atados a una moto o bicicleta, si una jauría impide el paso de personas en una vereda u otra vive en un departamento de reducidas dimensiones, si el Estado municipal obsequia bolsas para deposiciones cuando debería ser potestad de los dueños el comprarlas o si comen vaya a saberse qué basura hecha a base de molienda de desperdicios. ¿Por qué te quiero te aporreo?

Lamentablemente para quien quiere de verdad a los perros, las mascotas de cuatro patas y con cola se han convertido en plaga: como las palomas. Pero una plaga elegante que cuesta muchos billetes para aquellos que tienen el tupé de quejarse de los precios de las tarifas de los servicios públicos, del precio de las expensas o de lo que gana el encargado o el administrador de su edificio.

QUÉ HACER
Hay que gravar el precio de las mascotas “de raza” y colocarles como en Uruguay un chip que permita la identificación de las mascotas y de sus propietarios, registrar los criaderos, refugios y lugares de venta que deberán ser atendidos por profesionales, obligar a vacunarlas anualmente debiendo guardar los certificados correspondientes, hacerse cargo civil y penalmente de los daños producidos por sus ataques porque “las mascotas no muerden… hasta que muerden”, hacer cumplir la ordenanza 41.831 de la Ciudad de Buenos Aires, dictada por el ex Concejo Deliberante en 1987 y refrendada por la Justicia que señala que deben ser paseadas obligatoriamente con correa y bozal, y los paseadores deberían estar inscriptos en la AFIP y Rentas del respectivo distrito en que actúen.

Y si pueden tener regímenes especiales de comidas, visitas periódicas al veterinario, al coiffeur, al patólogo o paseadores, por lo cual sus dueños no exigen comprobantes de pago por esos servicios significa que los mismos que ponen el grito en el cielo por los vendedores callejeros o aplauden los operativos conjuntos en “La Salada” alimentan el trabajo en negro, la corrupción (trabajo para la AFIP).

Para la especie en extinción llamada “perro”, lo señalado en la nota no cuenta. Fin.

(*) Nota publicada en REUNIÓN DE ADMINISTRADORES, edición 321 de enero de 2018 http://www.reunion-adm.com

El ahorro en subsidios a energía fue a MÁS GASTO PÚBLICO

IDESA.- Genera justificada preocupación la persistencia de la inflación. La principal razón es que los importantes ahorros obtenidos en subsidios a la energía fueron a parar a mayor gasto en otros subsidios y en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. Mientras tanto, sigue el vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la ANSES. No hay posibilidades de reducir la inflación sin un ordenamiento más integral del sector público. 

El Índice de Precios al Consumidor del INDEC arrojó que la inflación en el año 2017 fue del 24,8%. Las proyecciones sobre inflación que hacían los analistas económicos privados relevados por el Banco Central antes de conocerse el número final estaban en torno al 22%. Lo que produjo la diferencia fueron los ajustes en las tarifas de la energía. De hecho, tomando sólo lo que se conoce como la “inflación núcleo” (que es la inflación excluyendo los productos estacionales y los precios regulados) se observa que el índice fue del 21,1%.

La inflación es el aumento generalizado de todos los precios de la economía. En este sentido, ajustes fuertes en los precios relativos de algunos bienes –como las tarifas de energía– no son estrictamente inflación en la medida que sean por única vez. De aquí que lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aún sin considerar el ajuste de tarifas.

Para entender porque la “inflación núcleo” sigue siendo muy alta resulta pertinente analizar la evolución de algunos componentes claves del gasto público. La información publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada a noviembre del 2017 señala que:

Los subsidios a la energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016.

El resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.

Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil millones.

Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales. Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSES se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal.

El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal. El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales.

En paralelo, urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la ANSES. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas. La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.

Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso. A noviembre del 2017, el déficit fiscal creció en $88 mil millones respecto al 2016, explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda. Querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos.

IDESA: http://www.idesa.org/informes/1739