domingo, enero 21, 2018

PROPIEDAD HORIZONTAL: Compre una mascota y regístrela en la AFIP


Por JUAN ÁNGEL SALINAS BOHIL
En los tiempos que corren al periodista se le dice “comunicador social”; la maestra es una “trabajadora de la educación”; el peón de campo es un “trabajador rural”; un portero de edificio es “encargado” y un perro es una “mascota”.
Chiquita, Bambi, Negro, Lobo, Viruta, Pucho, Boby y tantos otros fueron mis compañeros de infancia y adolescencia. Y Otelo, mi querido Otelo, mi compañero, mi amigo y confidente que aún hoy lloro a escondidas, vino para acompañarme en la adultez. Otros conocerán de gatos. Yo, de perros creo saber bastante.
Mascotas eran los sea monkeys que se vendieron en la época de Martínez de Hoz o la tortuga Spike que se le extravió al embajador estadounidense James Cheek.
Antes los perros eran rescatados del abandono. Ahora se los compra alimentando un negocio fabuloso en base a hembras que alumbran sin cesar hasta quedar inutilizadas. Los “productos” salidos de esas “fábricas” son estéticamente lindos, mascoteramente enfermos y de poca vida.
Cada departamento tiene su “mascota” al que en líneas generales sacan a hacer pipí dos veces al día como si en las “fábricas” pudiesen haber sido programados como robots para ese menester.
Comprar una mascota es moda, tendencia. Se la puede tener en un departamento: en una pecera o en una caja de zapatos comiendo lechuga o se los puede abandonar 14 horas por día porque el dueño o dueña trabaja o por un fin de semana largo. Eso sí, el dueño no se cansará de repetir “es como de la familia”.  Y si realmente “es” de la familia uno debe preguntarse por qué no lo carga en el auto y se lo lleva evitando así que taladre los oídos de los demás consorcistas entre los cuales se encuentran por lo general personas de edad avanzada, enfermos o simplemente aquellos que han elegido esos días para descansar.
Existen más recomendaciones para cuidar mascotas que a las personas.
Algo anda torcido si los Reglamentos de Propiedad no son respetados, si no importan los ruidos molestos y los jueces determinan que hay “ladridos soportables”, si se los hace correr sin descanso atados a una moto o bicicleta, si una jauría impide el paso de personas en una vereda u otra vive en un departamento de reducidas dimensiones, si el Estado municipal obsequia bolsas para deposiciones cuando debería ser potestad de los dueños el comprarlas o si comen vaya a saberse qué basura hecha a base de molienda de desperdicios. ¿Por qué te quiero te aporreo?
Lamentablemente para quien quiere de verdad a los perros, las mascotas de cuatro patas y con cola se han convertido en plaga: como las palomas. Pero una plaga elegante que cuesta muchos billetes para aquellos que tienen el tupé de quejarse de los precios de las tarifas de los servicios públicos, del precio de las expensas o de lo que gana el encargado o el administrador de su edificio.
QUÉ HACER
Hay que gravar el precio de las mascotas “de raza” y colocarles como en Uruguay un chip que permita la identificación de las mascotas y de sus propietarios, registrar los criaderos, refugios y lugares de venta que deberán ser atendidos por profesionales, obligar a vacunarlas anualmente debiendo guardar los certificados correspondientes, hacerse cargo civil y penalmente de los daños producidos por sus ataques porque “las mascotas no muerden… hasta que muerden”, hacer cumplir la ordenanza 41.831 de la Ciudad de Buenos Aires, dictada por el ex Concejo Deliberante en 1987 y refrendada por la Justicia que señala que deben ser paseadas obligatoriamente con correa y bozal, y los paseadores deberían estar inscriptos en la AFIP y Rentas del respectivo distrito en que actúen.
Y si pueden tener regímenes especiales de comidas, visitas periódicas al veterinario, al coiffeur, al patólogo o paseadores, por lo cual sus dueños no exigen comprobantes de pago por esos servicios significa que los mismos que ponen el grito en el cielo por los vendedores callejeros o aplauden los operativos conjuntos en “La Salada” alimentan el trabajo en negro, la corrupción (trabajo para la AFIP).
Para la especie en extinción llamada “perro”, lo señalado en la nota no cuenta. Fin.
(*) Nota publicada en REUNIÓN DE ADMINISTRADORES, edición 321 de enero de 2018 http://www.reunion-adm.com

jueves, enero 18, 2018

El ahorro en subsidios a energía fue a MÁS GASTO PÚBLICO

IDESA.- Genera justificada preocupación la persistencia de la inflación. La principal razón es que los importantes ahorros obtenidos en subsidios a la energía fueron a parar a mayor gasto en otros subsidios y en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. Mientras tanto, sigue el vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la ANSES. No hay posibilidades de reducir la inflación sin un ordenamiento más integral del sector público. 
El Índice de Precios al Consumidor del INDEC arrojó que la inflación en el año 2017 fue del 24,8%. Las proyecciones sobre inflación que hacían los analistas económicos privados relevados por el Banco Central antes de conocerse el número final estaban en torno al 22%. Lo que produjo la diferencia fueron los ajustes en las tarifas de la energía. De hecho, tomando sólo lo que se conoce como la “inflación núcleo” (que es la inflación excluyendo los productos estacionales y los precios regulados) se observa que el índice fue del 21,1%.
La inflación es el aumento generalizado de todos los precios de la economía. En este sentido, ajustes fuertes en los precios relativos de algunos bienes –como las tarifas de energía– no son estrictamente inflación en la medida que sean por única vez. De aquí que lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aún sin considerar el ajuste de tarifas.
Para entender porque la “inflación núcleo” sigue siendo muy alta resulta pertinente analizar la evolución de algunos componentes claves del gasto público. La información publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada a noviembre del 2017 señala que:
Los subsidios a la energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016.

El resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.
Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil millones.

Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales. Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSES se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal.
El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal. El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales.
En paralelo, urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la ANSES. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas. La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.
Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso. A noviembre del 2017, el déficit fiscal creció en $88 mil millones respecto al 2016, explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda. Querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos.