IDESA.- Genera justificada preocupación la
persistencia de la inflación. La principal razón es que los importantes ahorros
obtenidos en subsidios a la energía fueron a parar a mayor gasto en otros
subsidios y en programas nacionales que se superponen con funciones
provinciales y municipales. Mientras tanto, sigue el vertiginoso crecimiento de
las erogaciones de la ANSES. No hay posibilidades de reducir la inflación sin
un ordenamiento más integral del sector público.
El Índice de Precios
al Consumidor del INDEC arrojó que la inflación en el año 2017 fue del 24,8%.
Las proyecciones sobre inflación que hacían los analistas económicos privados
relevados por el Banco Central antes de conocerse el número final estaban en
torno al 22%. Lo que produjo la diferencia fueron los ajustes en las tarifas de
la energía. De hecho, tomando sólo lo que se conoce como la “inflación núcleo”
(que es la inflación excluyendo los productos estacionales y los precios
regulados) se observa que el índice fue del 21,1%.
La inflación es el
aumento generalizado de todos los precios de la economía. En este sentido,
ajustes fuertes en los precios relativos de algunos bienes –como las tarifas de
energía– no son estrictamente inflación en la medida que sean por única vez. De
aquí que lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona
en el índice de inflación sino el hecho de que la inflación sigue siendo
elevada, aún sin considerar el ajuste de tarifas.
Para entender porque
la “inflación núcleo” sigue siendo muy alta resulta pertinente analizar la
evolución de algunos componentes claves del gasto público. La información
publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada a noviembre del 2017 señala
que:
Los subsidios a la
energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del
2016.
El resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.
Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y
desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil
millones.
Estos datos muestran
que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la
energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente
importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales
que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales.
Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSES se explica que la
persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas
asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del
elevado déficit fiscal.
El ordenamiento de las
cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la
organización federal. El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va
al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en
los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los
municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la
Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones
provinciales y municipales.
En paralelo, urge
abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que
desarrolla la ANSES. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su
crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta
dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas
públicas. La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas,
pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la
duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de
regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones
tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.
Algunos argumentan que
imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores
populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene
impactos muy regresivos en la distribución del ingreso. A noviembre del 2017,
el déficit fiscal creció en $88 mil millones respecto al 2016, explicado en su
totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda. Querer controlar
la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es
regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos
públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las
personas de altos ingresos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario